La Ley de Inclusión estable que todos los sostenedores que reciban subvenciones o aportes regulares del Estado no podrán perseguir fines de lucro, y deberán destinar de manera íntegra y exclusiva esos aportes y cualesquiera otros ingresos a fines educativos. El sostenedor gestionará las subvenciones y aportes de todo tipo para el desarrollo de su proyecto educativo y estos recursos estarán afectos al cumplimiento de los once fines educativos que fija la Ley de Inclusión. La normativa asegura la permanencia del proyecto educativo en el tiempo, al establecer el traspaso de la calidad de sostenedor a las nuevas personas jurídicas sin fines de lucro. La Ley de Inclusión establece que los padres y apoderados pueden optar por el proyecto educativo de su preferencia, pero además deberán conocerlo, adherir expresamente, comprometerse a su cumplimiento y al reglamento interno.

Nuevos establecimientos educacionales pueden solicitar Reconocimiento Oficial y subvención, si existe demanda insatisfecha o no existe un proyecto educativo similar en el territorio en el cual se pretende desarrollar.

Se debe celebrar un contrato entre el propietario del inmueble (comodante) y el sostenedor (comodatario) con duración de a lo menos 8 años, e inscribirlo en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

El sostenedor que cuente con un crédito aprobado para la adquisición del inmueble escolar, podrá contar con la garantía de la Corporación de Fomento (CORFO).

• Que la cuota mensual proyectada del crédito no supere el 25% de los recursos que recibe por subvención y otros ingresos con la excepción de SEP y PIE.
• La operación deberá ser respaldada con una tasación aceptada mediante resolución, por CORFO. En caso que la tasación sea superior a la suma de 110 unidades de fomento por estudiante matriculado en el establecimiento, el crédito solo podrá ser garantizado en la medida que cuente con la aprobación de la Dirección de Presupuestos. Para efectos de este cálculo, se considerará la matrícula promedio de los últimos tres años.
• Que en el respectivo contrato de crédito se estipule expresamente los supuestos bajo los cuales se perderá el derecho a impetrar la subvención y los casos en que procederá la transferencia de la propiedad a CORFO.
• Que la propiedad adquirida quede afecta al servicio educativo.
• Que el sostenedor autorice expresamente al Ministerio de Educación para descontar, retener y pagar directamente a la empresa bancaria, la cuota mensual del crédito respectivo, con cargo a la subvención hasta por el plazo de veinticinco años.
• Demás requisitos administrativos que pueda solicitar CORFO.

Si el sostenedor cuenta con la garantía Corfo, en un año calendario, no podrá destinar para el pago del crédito más de un 30% de los recursos que recibe por el establecimiento educacional, perderá el derecho a impetrar la subvención al término del año escolar siguiente. Lo mismo sucederá, si pasados 3 años consecutivos, supera el 25% de sus recursos para el pago del crédito. En ambos casos, se podrá solicitar autorización expresa al Subsecretario de Educación para continuar con la prestación del servicio educativo.

Si no cuenta con la garantía de CORFO, el monto que se impute mensualmente deberá ser razonablemente proporcionado, en consideración a los ingresos del establecimiento educacional por concepto de subvención y aportes del Estado, con el objeto de asegurar una adecuada prestación del servicio.